Los alquileres incosteables en Hialeah y Miami, una crisis que no se debe ignorar

BERNADETTE PARDO

No sé dónde vive la gente que no compró su casa hace más de 30 años. Hoy en día yo no podría comprar la mía y ni siquiera alquilar un cuartito en ella. Diariamente llaman a mi programa de radio oyentes desesperados para quejarse que les han subido la renta otra vez, que ya no pueden más, que cualquier alquiler en un barrio de medio pelo cuesta $1,200 por lo menos. La mayoría de los jóvenes ya no puede comprar casa y se ven forzados a pagar un potosí por un apartamento en lugares como Brickell o el downtown. Esos son los que ganan buenos sueldos. Las listas de espera para viviendas costeables subsidiadas por el gobierno son cada vez más largas. Entretanto, los ingresos de nuestras familias trabajadoras que rentan están estancados desde hace años.

Esta semana un análisis realizado por Rent-café, un buscador cibernético de propiedades de alquiler concluye que Hialeah es la peor ciudad de la nación para rentar seguida muy de cerca por Miami que quedó en segundo lugar.

En Hialeah familias con un ingreso promedio de $22,357 al año tuvieron que gastar el 57 por ciento de estos para cubrir el alquiler. En Miami familias trabajadoras pagan el 48 por ciento de lo que ganan para alquilar un techo.

Carlos Hernández, el alcalde de Hialeah, nos dice que el tráfico y el costo de la vivienda son los dos principales problemas que afectan a los residentes de Miami-Dade, pero que solo se habla del tráfico. Hernández considera que la actual crisis de los alquileres es el resultado de que mientras que más 40,000 nuevos residentes llegaron al condado el año pasado solo se construyeron 5,000 nuevas unidades de vivienda. La demanda ha disparado los precios, pero los sueldos siguen igual o peor. La cosa está fea cuando rentar un efficiency en Hialeah cuesta $1,000 al mes. Para rematar, debido a los precios astronómicos, muchos propietarios que antes aceptaban el Plan 8 hoy no lo hacen porque pierden dinero.

EN HIALEAH FAMILIAS CON UN INGRESO PROMEDIO DE $22,357 AL AÑO TUVIERON QUE GASTAR EL 57 POR CIENTO DE ESTOS PARA CUBRIR EL ALQUILER. EN MIAMI FAMILIAS TRABAJADORAS PAGAN EL 48 POR CIENTO DE LO QUE GANAN PARA ALQUILAR UN TECHO

No hay soluciones obvias ni inmediatas. El control de la renta es ilegal en la Florida y además trae consecuencias indeseables. En un país donde se venera el derecho a la propiedad privada nadie quiere restringir el derecho de los propietarios a cobrar lo que quieran.

Las deducciones tributarias que reciben los propietarios por parte del IRS por concepto del interés sobre la hipoteca y el impuesto local a la propiedad suman el doble de lo que invierte el gobierno federal en vivienda pública o subsidiada. Solo una de cada cuatro personas que califican para vivienda pública logra obtenerla.

En la ciudad de Miami el comisionado Frank Carollo lleva más de dos años luchando para que los residentes de bajos ingresos de la ciudad tengan prioridad para obtener apartamentos en edificios públicos que han recibido fondos municipales. Carollo también considera que la ciudad pudo haber logrado muchos más beneficios públicos del multimillonario boom de rascacielos en áreas como Brickell y el downtown. Solo han logrado, gracias a Carollo, que un proyecto de más de mil millones al lado del río aporte $14 millones al Fideicomiso de Vivienda Costeable.

En el Condado, la comisionada Barbara Jordan ha presentado una propuesta que irá a votación el año entrante. Esta requeriría que urbanizadores que reciban fondos públicos dediquen un 10 por ciento de la construcción a unidades para personas de bajos ingresos.

El alcalde de Hialeah nos dice que la autoridad de vivienda de la ciudad está construyendo un total de 100 unidades de viviendas públicas.

Todos estos esfuerzos locales son loables pero imperfectos para hacerle frente a la tormenta perfecta.

El Departamento de Vivienda federal (HUD) tiene el mismo presupuesto desde el año 2008, mientras que el número de personas de bajos ingresos desde la recesión ha aumentado un 18 por ciento. El estado tiene un fondo especial de cerca de $100 millones que podría invertir para aliviar el problema, pero a raíz de sonados casos recientes de fraude con fondos de vivienda pública muchos legisladores están reacios a hacerlo.

Con fraude o sin fraude, lo cierto es que sin la ayuda del gobierno federal y el estatal para hacerle frente a esta tormenta perfecta que ha desbordado las rentas, muchos en nuestra comunidad se ahogarán en ella.

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